El prólogo de la ley de 1881 estipulaba que “la existencia de tierras bajo la propiedad de las Comunidades [indígenas] impide el desarrollo agrícola, estorba la circulación de la riqueza y debilita los lazos familiares y la independencia del individuo. Su existencia contraría los principios económicos y sociales que la República ha adoptado.” Las comunidades indígenas y los pueblos propietarios de ejidos tuvieron que subdividir la tierra en lotes y distribuirlos bajo el régimen de propiedad individual. Este proceso fue largo, complejo y plagado de conflictos. A pesar de los muchos abusos de parte de personas de influencia, en los primeros años salvadoreños y salvadoreñas de todos los grupos sociales obtuvieron títulos de propiedad. Al pasar el tiempo, sin embargo, muchos perdieron sus tierras. El paisaje agrario terminó teniendo un gran número de pequeñas propiedades que coexistían con latifundios. Pero en las décadas siguientes éstos últimos absorbieron muchas de las antiguas tierras comunales y ejidales. La privatización de la tierra produjo fricciones al interior de las comunidades y entre ellas, los conflictos podían ser de intereses, étnicos o de clase. Las comunidades indígenas que habían sido actores importantes en la construcción del estado y que desempeñaban un papel significativo en la economía pasaron a ser descritas como obstáculos en el camino hacia la modernidad. Los líderes liberales promovieron una agenda cultural homogeneizadora y el sistema escolar imponía el uso del castellano. La pérdida de las tierras comunales les quitó su base económica y perdieron poder en los gobiernos locales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario